La medida nacional impulsada por CTERA tuvo un fuerte impacto en el territorio provincial con el respaldo de SUTECO y ACDP, quienes adhirieron a la medida de fuerza nacional.
El escenario educativo provincial volvió a tensarse este lunes 3 de agosto. La jornada de Paro Nacional Docente convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) tuvo un contundente correlato en Corrientes, donde la adhesión superó el 63% en todo el territorio provincial, según reportó el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO). A nivel nacional, en tanto, la medida registró un acatamiento superior al 70%. En Corrientes, ACDP y SUTECO, fueron los gremios que se adhirieron a la medida de fuerza nacional.
El acatamiento local mostró una geografía variada según la localidad, el nivel y el turno escolar: mientras en determinados municipios y establecimientos el ausentismo docente fue casi total, en otros puntos la participación se mantuvo en niveles altos o dispares.
Más allá de los porcentajes, la jornada expuso la profundidad del malestar sindical frente a un esquema de financiamiento que, según advierten, acorrala tanto a las arcas provinciales como al bolsillo de los trabajadores.
Fuego cruzado por el financiamiento
Desde la conducción de SUTECO encuadraron la medida dentro de una crisis estructural que compromete a las dos esferas gubernamentales. “La jornada fue otra contundente muestra del malestar docente por las demandas salariales no resueltas, porque la escuela pública se está cayendo a pedazos y porque nuestros estudiantes enfrentan cada vez más dificultades sociales y económicas para estudiar. La educación pública está siendo gravemente desfinanciada tanto por el Estado Nacional como por el Estado Provincial”, sentenció el secretario general del gremio correntino, Fernando Ramírez.
En esa línea, Ramírez contrapuso la situación actual con los picos históricos de inversión estatal en el área: recortó que Argentina supo destinar el 6,7% del Producto Bruto Interno (PBI) a la educación —con la meta proyectada de alcanzar un 10%—, mientras que bajo la actual administración del presidente Javier Milei “esa inversión cayó a menos del 1% del PBI”.
El dirigente remarcó que la quita de transferencias nacionales, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y los programas de capacitación, volcó casi toda la carga del financiamiento educativo sobre las provincias, en un contexto donde también permanecen congeladas las becas estudiantiles y la asistencia para infraestructura y comedores.
A nivel central, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, celebró el alcance del reclamo: “La extraordinaria respuesta de la docencia en todo el territorio nacional demuestra la unidad y el compromiso con la defensa de la educación pública, los derechos laborales y el futuro de millones de estudiantes”.
El pliego local: salarios, IPS e infraestructura
Si bien la convocatoria tuvo como paraguas nacional el reclamo por la reapertura urgente de la Paritaria Nacional Docente, el rechazo a la Ley de Libertad Educativa y la restitución del FONID, SUTECO ratificó un duro pliego de peticiones dirigido directamente al Ejecutivo provincial. Entre las demandas de mayor peso político y económico para Corrientes se destacan:
Sueldo básico e inflación: Exigen un incremento al básico en un solo pago que supere la inflación acumulada de los últimos seis meses, trasladable de forma inmediata a los jubilados.
Piso contra la pobreza: Reclaman un salario inicial por encima de la canasta básica fijada por el INDEC ($1.531.473 a junio de 2026). Jubilaciones e IPS: Exigen la plena vigencia del 82% móvil para el sector pasivo y rechazan categóricamente cualquier intento de transferir el Instituto de Previsión Social (IPS) a la órbita nacional.
Condiciones laborales y blanqueo: Solicitan la eliminación del cobro en cuotas y por terminación de DNI, el blanqueo de sumas no remunerativas, igualdad de plus hasta en dos cargos y procesos de titularización para dar estabilidad a los docentes.
Previsión social y vivienda: Piden la descentralización del Contralor Médico, el funcionamiento pleno de la obra social IOSCOR y la puesta en marcha de un Plan Provincial de Viviendas para el sector.
La jornada expuso la profundidad del malestar sindical frente a un esquema de financiamiento que acorrala tanto a las arcas provinciales como al bolsillo de los trabajadores.