La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) participó este jueves de la movilización federal convocada en defensa del presupuesto universitario y de la educación pública. En la jornada, los principales referentes de la organización gremial ratificaron su rechazo a las políticas de ajuste y desfinanciamiento que afectan al sistema educativo argentino, con especial preocupación por las consecuencias sobre la educación técnico-profesional.
El secretario general de AMET Nacional, Rufino Fernández, expresó “el más firme repudio de nuestra organización a las medidas impulsadas por el Gobierno nacional, claramente orientadas a desmantelar la educación pública en general y la educación técnico-profesional en particular”.
La conducción nacional, que mantiene una impronta federal y una activa articulación con las representaciones provinciales, se hizo presente en la concentración iniciada en la intersección de la Avenida de Mayo y San José, desde donde la columna de docentes de la modalidad técnica se integró a la multitudinaria movilización.
La protesta tuvo como principal reclamo el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario, en un contexto de creciente conflicto entre el Gobierno nacional, las autoridades académicas y los gremios del sector. La convocatoria reunió a docentes, estudiantes, trabajadores universitarios y organizaciones sindicales, que reclamaron recursos suficientes para garantizar el funcionamiento de las instituciones, la recomposición salarial y la continuidad de las políticas de apoyo estudiantil.
Rufino también advirtió sobre el grave daño institucional que supone desconocer una ley plenamente vigente. En ese sentido, señaló que su incumplimiento “configura una situación inédita de desobediencia respecto de nuestro ordenamiento jurídico por parte del Poder Ejecutivo, con consecuencias que exceden la discusión presupuestaria y comprometen el respeto por las decisiones adoptadas por los poderes del Estado”. El planteo del titular de AMET Nacional se inscribe en el reclamo de las organizaciones educativas para que las resoluciones legislativas y judiciales sean efectivamente acatadas.
Desde AMET, remarcaron que la defensa de la universidad pública forma parte de una lucha más amplia por el sostenimiento de todo el sistema educativo, incluida la formación técnica, clave para la preparación de trabajadores calificados y el desarrollo productivo del país. La organización ratificó así su compromiso con una educación pública de calidad, con financiamiento adecuado y con políticas que garanticen igualdad de oportunidades para las nuevas generaciones.