La conciliación le brinda un plazo hasta el 21 de abril, pero antes debe presentar la cuarta oferta a la UEPC. El gobernador armó una mesa de trabajo con varios ministros para abordar la conflictiva paritaria con los docentes.
La conciliación obligatoria le concede al gobernador Martín Llaryora un respiro de dos semanas. Un margen breve, pero clave, para analizar la cuarta oferta destinada a destrabar el conflicto con el gremio docente.
En el Centro Cívico comienza a tomar forma una propuesta distinta a las anteriores, con la posibilidad de abandonar el esquema de aumentos automáticos, atados a la inflación.
Las tres ofertas rechazadas por la UEPC tenían un eje común: la cláusula gatillo por inflación, acompañada por un incremento del 92% en el Fondo de Incentivo Docente (Fonid).
Con ese esquema –según la mirada del Gobierno– el salario de los maestros lograría ubicarse más de cinco puntos por encima de la inflación. Sin embargo, ese argumento no alcanzó para convencer a las bases.
En el último ofrecimiento, el Gobierno dio una señal al dejar de lado la cláusula de la evolución de la recaudación como variable adicional –además de la inflación– para definir los incrementos salariales. Esa herramienta fue –precisamente– uno de los focos de malestar en las asambleas escolares.
Aun así, las objeciones persistieron. En la tercera propuesta, una de las críticas apuntó al fuerte aumento del Fonid como mecanismo para recomponer los ingresos.
Con ese telón de fondo, el gobernador analiza ahora, junto a una mesa de trabajo conformada especialmente en el Centro Cívico, una alternativa distinta.
La idea que está en estudio contempla un aumento anual cercano al 26%, distribuido en al menos cuatro tramos.
En la Casa de Gobierno sostienen que, si la inflación comienza a desacelerarse a partir de abril, resultaría viable concentrar un mayor porcentaje de la mejora salarial en el primer semestre del año.
El gobernador y su equipo también considera la posibilidad de darle un aumento mayor a los docentes que tienen 22 horas cátedras, que históricamente son las maestras y maestros del nivel primario, con un único cargo.
Este sector –unos 22 mil docentes– sería el más molesto con el salario, que sin antigûedad se ubica en el orden los 970 mil pesos. “El sector docente es tan heterogéneo, que vemos que no es justo dar el mismo aumento para todos por igual”, argumentó una fuente oficial.
Por ahora, son sólo líneas de trabajo. Propuestas que surgen de una mesa encabezada por el propio Llaryora, en la que participan cuatro ministros y el secretario general de la Gobernación, David Consalvi.
La encrucijada fiscal
En paralelo a la negociación, se profundiza una preocupación central: el frente fiscal. El gobernador enfrenta una encrucijada compleja, ya que debe mejorar la oferta a los docentes, pero al mismo hay alertas por la caída de la recaudación provincial, integrada en un 60% por la coparticipación federal y en el resto por ingresos propios.
“El gobernador ya dijo que el reclamo de los docentes es justo, pero tampoco firmará un acuerdo que luego no pueda cumplir. El Gobierno está abierto al diálogo y a escuchar al gremio, pero no será fácil consensuar una propuesta”, reconoció uno de los integrantes de la mesa de trabajo.
La negociación, además, tiene un efecto dominó. El Gobierno sabe que cualquier acuerdo con la UEPC deberá replicarse luego en los otros ocho gremios estatales, que aguardan para discutir salarios.
La conciliación obligatoria que dictó la secretaría de Trabajo de la Provincia, y que fue acatada por la UEPC, vence el 21 de abril. El Gobierno tiene la posibilidad de solicitar una extensión por 10 días hábiles más.
Aunque el objetivo del gobernador Llaryora es cerrar cuanto antes un acuerdo con los docentes, para luego discutir con el resto de los gremios estatales. Como la paritaria que planteó la Provincia es por todo el año, una eventual firma con la UEPC abre la posibilidad de que el Gobierno despeje el panorama de reclamos gremiales por todo el 2026.
Del otro lado, en la UEPC, aguardan la nueva propuesta. Sin embargo, el titular provincial del gremio, Roberto Cristalli, ya fijó una posición clara en una entrevista con La Voz en Vivo: “El Gobierno debe poner más recursos, no hay otra salida para acordar la paritaria”, aseguró el gremialista.