La Secretaría de Educación tiene 16 programas que, durante 2025, no ejecutaron un solo peso de su presupuesto vigente para ese año. El número surge de un relevamiento que hizo PERFIL en base a datos oficiales que figuraban en la página de datos abiertos. En total, son $ 5.348 millones los que estaban previstos y no se invirtieron, sin contar con los programas subejecutados y aquellos que, aunque figuran en las proyecciones de gastos, no disponían de recursos para el ejercicio 2025: en ese caso, la cantidad de programas en cero se elevaría a 44.
Entre ellos, los orientados a “Reparaciones menores y Mobiliario escolar” (con $ 2.900 millones) y “Construcción y equipamiento en edificios educativos en ámbito rural” (con $ 1.060 millones no devengados) son los que contaban con una cantidad mayor de dinero que no se utilizó.
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia no ejecutó durante 2025 los $ 868 millones previstos para el Proyecto de Fortalecimiento de la Política Alimentaria para Poblaciones Vulnerables, que depende del programa de políticas alimentarias. Según lo publicado en el Boletín Oficial en agosto, se trata de un proyecto financiado con un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Su objetivo es el de “la contratación de servicios especializados para llevar adelante la implementación de nuevas funcionalidades, evolutivos y mejoras sobre la plataforma de Servicio de Consultoría para el Desarrollo Evolutivo del Sistema Social (Sisoc), actualmente en operación destinada a la Dirección Nacional de Programas Alimentarios (DNPA)”. En el presupuesto abierto figura un monto inicial de $ 921,24 millones, que luego bajó a los $ 868 millones mencionados más arriba.
En el Ministerio de Justicia las políticas orientadas a la restitución de las víctimas del delito fueron las más perjudicadas. El Programa de Restitución para Víctimas de Trata, que contaba con $ 1.000 millones, no destinó dinero para esta función. Fue creado por la actual gestión en mayo de 2025. Según el Boletín Oficial, el objetivo era el de “garantizar la asistencia y la reinserción laboral de las víctimas del delito de trata de personas haciendo énfasis en la eficacia de las prestaciones, la eficiencia administrativa y la articulación federal”.