La diputada nacional por Mendoza Mercedes Llano, de La Libertad Avanza, presentó una iniciativa que propone cambiar las reglas de permanencia de los docentes en las universidades nacionales. El proyecto plantea que todos los cargos obtenidos mediante concurso deban renovarse cada cuatro años a través de nuevas convocatorias públicas y abiertas.
La propuesta también apunta a modificar el porcentaje mínimo de profesores concursados que deben integrar las plantas docentes universitarias. En lugar del 70% que establece actualmente la normativa, Llano busca llevar ese requisito al 90%. La iniciativa fue publicada por el medio especializado Parlamentario el 2 de octubre de 2026 y propone modificar el artículo 51 de la Ley de Educación Superior.
El texto establece que los concursos públicos de antecedentes y oposición seguirán siendo la vía de ingreso a la carrera académica, pero incorpora una condición adicional: los cargos tendrán una vigencia de cuatro años en todos los casos.
Una vez cumplido ese período, cada puesto deberá someterse nuevamente a concurso. De esta manera, quien ya ocupa la cátedra podrá presentarse otra vez, aunque tendrá que competir en igualdad de condiciones con otros aspirantes.
La iniciativa también fija un piso del 90% de docentes concursados para cada universidad. El objetivo declarado es ampliar la cantidad de cargos cubiertos mediante procedimientos abiertos y reducir la dependencia de mecanismos internos para definir la continuidad de los profesores.
En los fundamentos del proyecto, la legisladora mendocina recupera los principios de la Reforma Universitaria de 1918, en particular la periodicidad de las cátedras. Según su planteo, ese mecanismo fue perdiendo peso frente a los sistemas de evaluación interna que permiten a los docentes conservar sus puestos sin volver a competir con candidatos externos.
Llano sostiene que, en la práctica, los concursos suelen concentrarse en el ingreso inicial a la actividad académica, mientras que la continuidad queda vinculada a evaluaciones de desempeño. Desde su perspectiva, el sistema limita la renovación de los planteles y reduce las instancias de competencia abierta.
La diputada también cuestiona el Convenio Colectivo de Trabajo de los docentes universitarios, homologado en 2015. De acuerdo con los argumentos incluidos en el proyecto, ese acuerdo habría reforzado el reemplazo de los concursos periódicos por evaluaciones internas y facilitado la incorporación a la carrera docente de interinos con varios años de antigüedad, sin exigirles competir en convocatorias abiertas.
El porcentaje de docentes concursados, otro punto de debate
Otro de los ejes de la propuesta es el cumplimiento del porcentaje mínimo de cargos regulares. Llano afirma que el requisito vigente del 70% de docentes concursados no se alcanza en una parte importante del sistema universitario.
Para respaldar esa postura, menciona estudios académicos y documentos gremiales que, según los fundamentos, reflejan una presencia significativa de profesores interinos o no regulares en distintas instituciones nacionales.
La iniciativa también incorpora referencias a los sistemas universitarios de Uruguay y España, donde existen mecanismos de acreditación o límites temporales para determinadas designaciones. Además, cita investigaciones sobre la relación entre la endogamia académica -la contratación de profesionales formados en la misma institución que luego los emplea- y los niveles de productividad científica.
Qué dice sobre la autonomía universitaria
Frente a un posible cuestionamiento por la autonomía de las universidades, Llano argumenta que el Congreso tiene atribuciones para establecer lineamientos generales en materia de educación superior. La legisladora considera que la idoneidad para acceder a un cargo público debe comprobarse de manera periódica mediante concursos abiertos, en lugar de depender exclusivamente de evaluaciones realizadas dentro de cada institución.
Llano fue becaria posdoctoral del CONICET entre 2016 y 2019. Su proyecto plantea así una modificación de alcance nacional que, de avanzar, cambiaría las condiciones de permanencia en las cátedras y elevaría las exigencias para la cobertura de cargos docentes en las universidades públicas.
El paro universitario atraviesa el debate
La propuesta de la diputada mendocina se conoce mientras continúa el conflicto entre los gremios universitarios y el Gobierno nacional por los salarios y el financiamiento de las universidades. CONADU y CONADU Histórica realizaron un paro de 72 horas entre el miércoles 30 de septiembre y el viernes 2 de octubre, con reclamos vinculados con la actualización salarial y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La protesta forma parte de un plan de lucha que tendrá una nueva instancia nacional el 15 de octubre, cuando está prevista la quinta Marcha Federal Universitaria.