En el marco del paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para el próximo lunes 3 de agosto, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) ratificó su adhesión a la medida de fuerza y difundió un pliego de reclamos dirigidos tanto al Gobierno provincial como a la administración nacional.

Desde el gremio señalaron que la protesta responde al deterioro del poder adquisitivo de los salarios, el desfinanciamiento de la educación pública y la necesidad de avanzar en políticas que garanticen mejores condiciones laborales para el sector.

En el plano provincial, SUTECO reclama una recomposición del salario básico en un solo pago y por encima de la inflación acumulada durante los últimos seis meses, con impacto inmediato en los haberes de los docentes jubilados. Además, exige que el salario inicial supere la línea de pobreza, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ubicó en $1.531.473 para junio de 2026.

El sindicato también demanda la creación de un Fondo Compensador Provincial de carácter remunerativo y bonificable, junto con la incorporación de los adicionales por Movilidad y Zona. A ello suma el pedido de plena vigencia del 82% móvil para las jubilaciones docentes y el rechazo a cualquier intento de transferencia del Instituto de Previsión Social (IPS) a la órbita nacional.

Entre las reivindicaciones provinciales figuran además la titularización y estabilidad laboral en todos los niveles y modalidades educativas, el pago del plus salarial hasta en dos cargos, el blanqueo total de las sumas no remunerativas, la eliminación del pago de haberes en cuotas y por terminación de DNI, la mejora del escalafón docente, el funcionamiento pleno del IOSCOR en toda la provincia, la descentralización del Contralor Médico y la implementación de un plan provincial de viviendas destinado al sector.

En el ámbito nacional, SUTECO acompaña las demandas impulsadas por CTERA, que incluyen la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Asimismo, rechaza el proyecto de Ley de Libertad Educativa por considerar que afecta el derecho social a la educación y el rol del Estado como garante del sistema educativo.