La titular de la cartera educativa provincial, Ana Miño, rompió el silencio y anunció el agrupamiento de escuelas de baja matrícula, luego del femicidio de la maestra Nanci Godoy y las denuncias por el deterioro edilicio.
El brutal crimen de la docente rural Nanci Godoy en el paraje El Malezal, departamento de Esquina, aceleró un debate que el Ministerio de Educación de Corrientes postergó durante años sobre la viabilidad del actual esquema educativo en zonas desfavorables y aisladas en Corrientes. Tras conocerse los primeros resultados de la autopsia, la ministra de Educación, Ana Miño, rompió el silencio y anticipó un rediseño del mapa escolar, en una respuesta oficial que llegó recién impulsada por la gravedad de la tragedia.
La funcionaria provincial tomó la palabra por primera vez el pasado jueves 29 de octubre, luego de que salieran a la luz los escalofriantes detalles del caso y las denuncias previas que la propia maestra había realizado sobre las fallas groseras de funcionamiento y el abandono edilicio de la escuela donde prestaba servicios.
Un mapa escolar fragmentado
Las estadísticas oficiales reflejan una marcada dispersión sobre un total de 876 escuelas rurales en territorio correntino: 265 establecimientos funcionan con menos de 5 alumnos y 113 escuelas registran apenas menos de 3 chicos en las aulas. Ante este panorama, el plan oficial busca concentrar a los estudiantes en edificios mejor ubicados y con mayor acceso a servicios y mantenimiento, bajo la promesa de que la reubicación no implicará la pérdida de puestos laborales para los maestros.
Las explicaciones oficiales ante el silencio y los cuestionamientos
Mientras el expediente administrativo avanza en paralelo a la causa judicial, la ministra justificó su decisión de no haber tomado contacto directo con la familia de la víctima para respetar el duelo y evitar interferir en el trabajo de los fiscales, asegurando a su vez confiar en que el asesinato no quedará impune. “Desde el primer momento en que supimos de la denuncia por la desaparición de Nanci, nos pusimos a entera disposición de la investigación”, expresó la titular de la cartera educativa.
Asimismo, argumentó que decidió “mantener la cautela para respetar el dolor de la familia, asegurar que el proceso siguiera por los carriles correspondientes y no mezclar las cosas”, a la vez que advirtió que “no fue fácil no salir a responder a ciertos datos erróneos o informaciones falsas”.
Radiografía del deterioro
El cuadro de techos rotos, baños asquerosos, paredes partidas y la falta de agua potable denunciado por Nanci Godoy en El Malezal funcionó como una radiografía de una problemática estructural que atraviesa a los establecimientos rurales. Históricamente relegados por las dificultades de acceso y la falta de controles, estos espacios sufren un deterioro crónico que recae sobre las espaldas de los propios docentes, convertidos en gestores de mantenimiento, cocineros y cuidadores de edificios a la deriva.
Esta fragilidad histórica se vio severamente agudizada en el escenario actual a raíz del recorte de partidas destinadas a la obra pública y el desfinanciamiento de los programas federales de infraestructura escolar. Sin el flujo de fondos nacionales y con presupuestos provinciales ajustados que priorizan centros urbanos, las escuelas de baja matrícula quedan atrapadas en un vacío de inversión donde la solución a simples problemas edilicios demora meses, exponiendo a docentes y alumnos a un aislamiento cada vez más riesgoso.
La cartera educativa promete reubicar alumnos y mantener cargos docentes, en medio del reclamo por la falta de inversión y el desamparo estructural en el interior.
Las estadísticas oficiales reflejan una marcada dispersión sobre un total de 876 escuelas rurales en territorio correntino: 265 establecimientos funcionan con menos de 5 alumnos y 113 escuelas registran apenas menos de 3 chicos en las aulas. Ante este panorama, el plan oficial busca concentrar a los estudiantes en edificios mejor ubicados y con mayor acceso a servicios y mantenimiento, bajo la promesa de que la reubicación no implicará la pérdida de puestos laborales para los maestros.