La educación en contextos de privación de la libertad constituye un derecho fundamental y una responsabilidad del Estado, que debe garantizar oportunidades de acceso, permanencia y egreso del sistema educativo, independientemente de la situación de encierro.
En este marco, la terminalidad del nivel primario representa mucho más que la obtención de una certificación escolar. Significa recuperar trayectorias educativas interrumpidas, fortalecer los saberes adquiridos a lo largo de la vida, desarrollar nuevas capacidades y brindar herramientas para favorecer la autonomía personal, la participación ciudadana y la inclusión social.
Asimismo, las instituciones educativas que funcionan en contextos de encierro presentan particularidades que requieren estrategias pedagógicas flexibles, propuestas contextualizadas y un trabajo articulado entre los equipos educativos y las autoridades penitenciarias.
Por este motivo, resulta fundamental continuar impulsando acciones que garanticen la continuidad de las trayectorias escolares, faciliten el acceso a los recursos pedagógicos y generen condiciones institucionales adecuadas para el desarrollo de las actividades educativas.
Desde esta perspectiva, la escuela se constituye en un espacio de enseñanza, aprendizaje, reconocimiento de saberes y construcción de nuevos proyectos de vida.
Porque el derecho a la educación no se pierde ni se suspende por la condición de encierro: garantizarlo es abrir nuevas oportunidades para el futuro.