El secretario de Educación del Ministerio de Capital Humano, Carlos Torrendell, encabezó la reunión plenaria del Consejo de Universidades (CU) en la que se aprobaron las modificaciones a la Resolución Ministerial N° 2598/23 vigente, que creó el Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU). Asimismo, se aprobaron las modificaciones a la Resolución Ministerial N° 2597/23, que creó los Sistemas Institucionales de Aseguramiento de la Calidad (SIAC). Ambas modificaciones tienen como objetivo facilitar la implementación de las resoluciones.

Del encuentro, que tuvo lugar en el Palacio Sarmiento, participaron representantes del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), de la Comisión Directiva del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), de los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior (CPRES) y del Consejo Federal Educación (CFE).

“Este es el resultado de un trabajo arduo y continuado que hace que la Argentina hoy esté liderando las transformaciones en el nivel superior, de la mano del compromiso por garantizar la libertad académica y la libertad de cátedra como pilares de la educación universitaria”, reflexionó el secretario Torrendell.

Los participantes coincidieron en señalar el avance que significan estas modificaciones para adaptar la enseñanza a los profundos cambios contemporáneos en términos tecnológicos. Esto implica la necesidad de avanzar hacia modelos curriculares más flexibles que permitan introducir innovaciones con agilidad.

Por su parte, en el cierre, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez sostuvo: “Estamos dando un paso muy importante para la modernización del sistema universitario, en línea con los sistemas más actuales de Occidente, lo que nos va a permitir una gran flexibilidad para encarar los cambios tecnológicos que se vienen en el campo del conocimiento”.

El CU se ocupa de definir las políticas de desarrollo universitario y de promover la cooperación entre instituciones universitarias. Además, acuerda con el Consejo Federal de Educación los criterios para la articulación de las instituciones de Educación Superior, fija la nómina de carreras de interés público y autoriza el dictado de carreras fuera de la región de la sede principal.